27 de enero de 2014

El Gobierno de la Comunidad de Madrid da Marcha atrás a la Privatización de la Sanidad.



El Gobierno de la Comunidad de Madrid da Marcha atrás a la Privatización de la Sanidad.

Escribe: Md. Gustavo Silva Paredes

Hoy el presidente del Gobierno de Madrid, Ignacio Gonzales, en conferencia de prensa dio marcha atrás a la externalización de 6 hospitales públicos de la comunidad de Madrid, debido a que la sección tercera de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid ratificaran hoy la suspensión de la externalización iniciada por el Gobierno de la comunidad de Madrid.  A este anuncio se sumo la dimisión del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Javier Fernández Lasquetty.

En la resolución los magistrados han puesto énfasis en "la dimensión extraordinaria del proceso" que, aseguran, podría no tener vuelta atrás en caso de que hubiera seguido adelante.

Este revés judicial es producto de más de un año de mareas bancas, movilizaciones de trabajadores y profesionales de la sanidad pública y de la ciudadanía en defenza de la Sanidad Pública.

Quiero destacar un punto a tomar en cuenta en futuros intentos de privatización, so pretexto de mayor eficiencia, que en la medida cautelar del 3 de setiembre de 2013 donde se suspende la ejecución del proceso de privatización, el Magistrado responsable,  resalta en uno de los puntos del ítem IV de los Fundamentos de Derecho:… Al margen de que esta cuestión resulta una incógnita en el momento actual (existen datos sobre países en los que la gestión privada de su sistema sanitario no ha supuesto un ahorro por, entre otros factores, la interposición más operadores) y al margen, también, de que no se entienda bien cómo los responsables de la Administración, encargados de la gestión pública de este servicio esencial, asuman sin más su incompetencia para gestionarlo con mayor eficiencia, lo cierto es que, en un supuesto tan particular como éste, asiste la duda al plantearse si el interés general se concreta en ese ahorro de costes que proclama la Administración o si, por el contrario, el interés general demanda el mantenimiento del sistema que ahora se pretende cambiar

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