31 de octubre de 2012

Documental SEISMINUTOS




SEISMINUTOS

Escribe: Md Gustavo Silva Paredes



 

El día martes 30 de octubre a las 18:30 horas, un equipo multidisciplinar e hibrido, formado por jóvenes y experimentados profesionales del mundo de la medicina y profesionales del mundo de las artes, presentaron el documental  SEISMINUTOS.

El proyecto se denomina sí porque: Seis Minutos es el tiempo que tiene un médico de familia para atender, escuchar, pensar, aconsejar, curar, cuidar, acompañar a un paciente en el Centro de Salud. 

Su objetivo es ser un elemento de concienciación que ayude a difundir el valor de la medicina de familia, su existencia y justificación dentro del sistema sanitario. Por consiguiente es considerado un importante y transcendental proyecto para el futuro de la Medicina de Familia en España y la Atención Primaria de Salud en el Mundo.

Para ello han elaborado tres fragmentos documentales de Seis Minutos:
  
1.- Capítulo 1 Nosotros.

En este fragmento nos cuentan cosas sobre el médico de familia que a veces no conocemos como,…que el médico de familia en vez de decidirse a especializarse en un parte del cuerpo se especializa en personas…el médico de familia usa como tecnología fundamental la comunicación…el médico de familia atiende al paciente de manera muy accesible…

Nos describen los pasos que hay que seguir en España para ser un médico de familia…

La forma de entender la medicina centrada en las personas y no en las enfermedades que tiene el médico de familia, le hacer ver más allá del problema de salud en sí y le otorga unas características que una buena Atención Primaria siempre debe cuidar:



  1. Longitudinalidad: Seguimiento de un paciente a lo largo del tiempo por el mismo médico.
  2. Manejo de la Incertidumbre: Capacidad de tomar decisiones adecuadas sobre la salud a pesar de disponer de pocos datos.
  3. Polivalencia: Que vale para muchas cosas, que resuelve.
  4. Integralidad: Enfoque de la persona como un todo y no como la suma aislada de las partes.
  5. Enfoque Comunitario: Visión de los problemas y de los recursos del entorno y de cómo influyen en la salud de los pacientes.
  6. Accesibilidad: Reducción de las barreras económicas, culturales y geográficas en relación a la atención sanitaria.





Capítulo 2 El Sistema.

En este fragmento describen como funciona el sistema sanitario en España. En el cual conviven dos escenarios: la atención especializada y la atención primaria, ambas funcionan como un todo y las dos forman el sistema público de salud.

La Atención Primaria debería ser el eje o la piedra angular del sistema sanitario, pero en realidad no es así.

Se explica cómo una Atención Primaria fortalecida y con recursos puede responder al 90% de los problemas de salud





Capítulo 3 Vosotros

En este fragmento nos narran una bonita historia real sobre Don Dionisio, desde cuando aún estaba en el vientre materno hasta sus 100 años de edad, acompañado de su médico de familia Fernando. Ambos mantienen una relación cercana y de confianza.

Pero en el actual sistema sanitario, el papel que debería tener el médico de familia no puede desarrollarse adecuadamente…

…El futuro de la atención primara puede ser lo que nosotros queramos que sea...

Concluyen con una pregunta:

¿Y usted que está dispuesto a hacer para tener una buena Atención Primaria?




Los invito a visitar la web: www.seisminutos.com, donde podrán disfrutar del documental, acceder a las entrevistas, acceder a la bibliografía que ofrecen y mucho más.


26 de octubre de 2012

La Cobertura Universal de Salud en la agenda internacional



Estimados lectores, el pasado 19 de octubre la Organización española Salud por Derecho Right to health foundation, publíco un artículo muy interesante y detallado sobre Cobertura Universal en Salud, escrito por Trinidad García y Vanessa López el cual comparto con ustedes.


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                                                                   Fuente de la Imagen



La Cobertura Universal de Salud en la agenda internacional

El  objetivo de la Cobertura Universal de Salud no es nuevo; en el año 1978 ya se hablaba de la necesidad de garantizar la atención primaria de salud en la Declaración de Alma-Ata. Hoy, más de 30 años después, es evidente que la Declaración se ha quedado en una exposición de intenciones, pues 2.000 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de salud. Afortunadamente algunas agencias internacionales como la OMS y la OIT y algunos países como Francia o Brasil están dando un renovado impulso a la concepto de Cobertura Universal de Salud,  por lo que nuevamente estamos ante la oportunidad para establecer un marco político y operativo que empuje a la Comunidad Internacional a adoptar un mecanismo que garanticen el derecho a la salud a un nivel global. No hay que dejar de vista que gran parte de lo que se está jugando en torno a esta temática dependerá de la definición que finalmente se le dé a la Cobertura Universal de Salud, como también a la voluntad política que exista por parte de los países para asumir que la salud es un derecho humano universal.
El pasado mes de septiembre, en paralelo  a la Asamblea General de las Naciones Unidas, la revista The Lancet lanzó una serie temática dedicada exclusivamente a la Cobertura Universal de Salud, y en cuyo evento de lanzamiento en Nueva York Salud por Derecho estuvo presente. Más allá de la importancia en contenidos de esta publicación especial, con artículos escritos por personas como David Evans de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el renombrado economista americano Jeffrey Sachs, la apuesta por lanzar esta serie evidencia que la Cobertura Universal de Salud es un tema que está ganando atención en la agenda internacional de desarrollo.
Pese a la crisis económica, a las profundas desigualdades en salud que existen y a la escasa cobertura de salud en muchos países, la OMS cree que la Cobertura Universal de Salud es factible desde un punto de vista económico y que el factor clave es principalmente que exista un mayor compromiso político entorno a ello. En el año 2010 el Informe de la Salud Mundial de la OMS justamente se centró en el camino hacia una Cobertura Universal de Salud y desde entonces ha estado comunicando la necesidad de este tema que vuelva al centro de la agenda política del desarrollo. Algunos de los datos más relevantes que ha expuesto la OMS son que anualmente 100 millones de personas se ven empujadas hacia la pobreza por tener que hacer frente a los costes en servicios de salud, como también que actualmente sólo ocho de los 49 países más pobres del mundo tienen  la capacidad económica de financiar servicios básicos de salud con sus propios recursos domésticos. Para la OMS la Cobertura Universal de Salud significa que todas las personas tienen que tener algún tipo de servicio de sanidad básico garantizado y, adicionalmente, deben tener acceso a la salud sin poner a las personas en riesgo de caer hacia la pobreza por tener que hacer frente a gastos en salud.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) también está jugando un rol importante en relación a cómo alcanzar una Cobertura Universal de Salud, aunque la ha introducido como un elemento clave dentro de la protección social. En el año 2011, la OIT publicó un informe redactado por un grupo consultivo presidido por Michelle Bachelet bajo el título “Piso de Protección Social para una globalización equitativa e inclusiva”. El informe desarrolla el concepto de un piso de Protección Social, definiéndolo como un conjunto de políticas sociales que garantiza a todas las personas una seguridad de ingresos y al acceso de servicios sociales esenciales, entre ellos el acceso a la salud.
Más recientemente, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas lanzó a principios de octubre una nota especial encargada a los special rapporteurs Olivier de Schutter y Magdalena Sepúlveda que justamente versa sobre la necesidad de asegurar un mínimo protección social y proponen la creación de un fondo mundial en que todos los países aporten en función de su renta. El documento establece que la creación de un sistema de protección social es una realidad factible y que se necesitaría aproximadamente entre el 2 y el 6% del PIB mundial para lograrlo. El fondo mundial que proponen garantizaría la posibilidad de que los países empobrecidos puedan poseer un sistema de protección social que actualmente no tendrían la capacidad de financiar únicamente por sí mismos y, adicionalmente, crearía un sistema que protegería la amenaza que supone para los países en desarrollo la llegada de desastres que podrían poner en riesgo la manutención de un sistema como éste.
En este mismo sentido, Francia es uno de los Estados a nivel europeo que más activamente respalda un la idea de la protección social universal, en el que posiciona en un lugar especial el tema de salud. Así lo han dejado claro tanto en sus posturas dentro del G8 como el G20, tal y como ha explicado su Ministro de Desarrollo Pascal Canfin durante los European Development Days, celebrado entre el 16 y 17 de octubre en Bruselas a los que Salud por Derecho también pudo asistir.
Al margen de todos los informes que se han publicado recientemente en torno a esta temática, el tema central gira en torno a qué se entiende por Cobertura Universal de Salud; el abanico de posibilidades es muy amplio y los mecanismos tanto de indicadores como de medición serán clave. Adicionalmente, la fecha del cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) está a la vuelta de la esquina y por ende ya se están discutiendo los temas que estarán presentes en el marco después de los  ODM. Una de las opciones es que se incluya la Cobertura Universal de Salud como el objetivo principal en materia de salud. A pesar de que esta posibilidad pueda suponer una gran oportunidad para el Derecho a la Salud en el mundo al ser un paraguas que aglutine una visión más integral de la salud, podría a su vez poner en riesgo algunos logros que han sido posibles gracias a los actuales ODM (como por ejemplo en relación al VIH Sida y otras enfermedades del objetivo 6), ya que podría diluir la  anteriores compromisos.
Además de estos interrogantes, para Salud por Derecho, la incorporación del concepto de Cobertura Universal de Salud en la agenda de la comunidad internacional pasa indudablemente por la necesidad de hablar de la salud desde un enfoque de Derechos Humanos. Además, será necesario llegar a un consenso internacional para lograr un sistema palpable y medible de Cobertura Universal de Salud, sin caer en el riesgo de que se medicalice el término en exceso y se reduzca únicamente en una discusión sobre acceso a servicios de salud. Además, Salud por Derecho cree que para lograr la implementación de sistemas de Cobertura Universal de Salud en todos los países, sobre todo en los países renta baja todos los países tendrán que poner de su parte. Aunque la salud sea una tarea que deba de abordarse a nivel nacional, y conscientes que las recetas únicas no sirven, se tendrá que avanzar hacia en un marco global de gobernanza que reconozca las responsabilidades internacionales y en las que todos países aporten en relación a sus capacidades para asegurar que todas las personas tengan asegurado el acceso a servicios básicos de salud. Si se mantiene el concepto actual en que cada país en África o en Asia se las tiene que arreglar como pueda y que la ayuda internacional, volátil y e insuficiente, se suma a los recursos doméstico sólo cuando el país donante de turno se siente generoso, estaremos en el mismo escenario de hace 30 años.
En este momento las expectativas son altas y esperamos que la oportunidad que se presenta actualmente no se pierda. Por ahora todas las miradas están centradas en las Naciones Unidas y la resolución que salga de allí en las próximas semanas en relación a la Cobertura Universal de Salud. Desde Salud por Derechos estaremos atentos, ya que creemos que un nuevo consenso internacional en relación a esto es clave y que indudablemente debe pasar no sólo por un acuerdo internacional de intenciones, sino que principalmente por una convicción por parte de todos los estados de posicionar la salud en los más alto de la agenda y que exista una voluntad política internacional que tenga la capacidad de crear una responsabilidad compartida y solidaria de manera global para hacer el derecho a la salud una realidad en todos los países del mundo.
Trinidad García y Vanessa López


20 de octubre de 2012

No hay salud sin justicia y solidaridad


Desde que en España nació el Seguro Obligatorio de Enfermedad en 1942, la sanidad pública tenía una intima relación con la cotización del trabajador. Este modelo se ha transformado con el tiempo y se avanzó hacia otra concepción de la salud: no una contraprestación a lo cotizado, sino un derecho ciudadano universal. Desde la Ley General de Sanidad de 1986 hasta la ley de salud pública de 2011, todos los pasos han ido en esta dirección. Sin embargo las últimas reformas retroceden  lo avanzado. El Gobierno de turno ha cambiado el modelo y la sanidad vuelve a considerarse algo que hay que ganarse. El paciente pasa de ser ciudadano a “asegurado”.

Comparto con ustedes  un artículo escrito por Adriana Zumarán, publicado el primero de octubre de 2012 en la revista ALANDAR: Revista de Información Social y Religiosa. En el cual menciona las consecuencias mediatas que tiene esta medida, como: 1) la no disminución del gasto en salud, 2) el aumento en la incidencia y prevalencia de enfermedades infecciosas, 3) la violación de acuerdos internacionales, y 4) las reacciones y acciones de los diferentes colectivos ante una medida que consideran desafortunada.



Hasta el 1 de septiembre el Estado español era, junto a Bélgica, Francia e Italia, uno de los países europeos cuya legislación protegía la gratuidad de la atención sanitaria para las personas migrantes en situación irregular. Aunque en la práctica dicho acceso no era siempre real, el sistema sanitario español permitía que, conociendo recursos y recovecos, una parte de este colectivo accediera a los servicios.

No obstante, al “calor” del ajuste estructural y con la excusa de la crisis económica, el Gobierno ha decidido anular la universalidad de la gratuidad en la atención, excluyendo a las personas extranjeras mayores de 18 años no registradas ni autorizadas como residentes en España. Estas personas solo serían atendidas en caso de embarazo, parto y puerperio y recibirían atención de urgencia en caso de enfermedad grave o accidente.
Con esta decisión, el Gobierno de Mariano Rajoy ha eliminado de un plumazo uno de los aspectos más dignos, destacables y solidarios del sistema de protección social de este país.

El ejecutivo ha planteado dos tipos de argumentos para justificar la medida. Un argumento es que el sistema sanitario es deficitario y, por tanto, hay que recortar gastos para hacerlo sostenible. No obstante, en opinión de diversos colectivos y organizaciones sociales, compartimentar el presupuesto nacional pretendiendo que servicios básicos como la salud no tengan déficit niega los cimientos de la protección social. Lógicamente, es deseable reducir gastos que son innecesarios en el sistema sanitario, pero si se trata de alcanzar el déficit cero en el presupuesto general del Estado, ¿no tiene más sentido reducir los gastos en partidas más grandes y cuestionables como las destinadas a armamento? Por el contrario, en un contexto de crisis, el gasto en salud debería mantenerse o incluso aumentarse, según se anticipe que puedan aumentar las necesidades. Eliminar el déficit en salud es una opción política y no una alternativa ineludible, como se intenta transmitir.

El otro argumento es que hay personas que se aprovechan del sistema puesto que no cotizan a la Seguridad Social y, por tanto, no merecen recibir una atención gratuita, como el resto de residentes en el país. Sin embargo, el hecho de que existan personas que migraron a España para realizar un proyecto de vida y que actualmente no acceden a un puesto de trabajo o están fuera del sistema de Seguridad Social, ¿debe ser considerado un fracaso de esas personas individualmente, o lo es del conjunto del Estado al no haber podido vincular la gran necesidad de cuidados y productividad en el país con las capacidades de las personas nativas o extranjeras que buscan un empleo? La política de “chivo expiatorio” en este caso es evidente, además de basarse y alentar discursos xenófobos inaceptables en un país que se llama a sí mismo democrático.

Vulneración de derechos

Diversos sectores de la sociedad han respondido ante la medida. En general hay consenso en que una reforma sanitaria –así como otra reforma fiscal y otras más estructurales– es necesaria. No obstante, ni la forma en que ha sido elaborada, ni el resultado final recogen el sentir del gremio médico, de los colectivos de profesionales sanitarios, ni de organizaciones sociales, incluidas las de inmigrantes. De esta manera, la reforma, aun sin haber entrado en vigor, afecta a uno de los principios del Estado de Derecho y los Derechos Humanos: el de la participación.

Entre los planteamientos más destacables de los actores sociales que se han manifestado en contra de la medida está que supone una ruptura de uno de los sellos distintivos del sistema sanitario español hasta el momento y de un importante sector de la sociedad española: la solidaridad.

Con esta decisión el Estado español estará desoyendo las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas e incumpliendo sus obligaciones en materia de protección del derecho a la salud, pues dejaría desprotegido a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad: las y los migrantes en situación irregular. En concreto, pasaría por alto la recomendación explícita que el Comité remitió al Estado español en mayo de 2012, sobre la erradicación de la discriminación que sufre la población inmigrante en relación a sus derechos económicos, sociales y culturales.

Consecuencias y respuestas

Desde una perspectiva más integral, la reforma afecta, además, a los principios de universalidad, progresividad, equidad y participación, así como al derecho a la vida. Además, se agudizará la particular vulnerabilidad de la salud de las mujeres migrantes. Los únicos servicios a los que las migrantes en situación irregular podrían acceder sin coste son los de emergencia y la atención al embarazo y el parto. Con esas limitaciones, ¿qué pasará con la atención frente a la violencia de género? ¿Tendrán que esperar las mujeres hasta tener lesiones físicas graves para recibir atención sanitaria? ¿Cómo podrán ejercer estas mujeres su derecho a decidir sobre el número de hijos que deseen tener?

Si bien la medida se ha lanzado con el pretexto del déficit cero, varios análisis han coincidido en anticipar su escasa aplicabilidad al tiempo que pobres resultados en términos presupuestarios. La reforma afecta a casi un millón de personas migrantes que generan apenas el 5% del gasto sanitario. Por otro lado, las posibilidades de que los sistemas sanitarios de los países de origen de las y los migrantes en situación irregular se hagan cargo de los gastos de sus ciudadanos y ciudadanas en España son remotas, dada los limitados recursos de los que generalmente disponen y la escasa atención que dichos colectivos suelen recibir de sus gobiernos en general. ¿Se propone el Gobierno español embargar embajadas? ¿Nos tocará ver desahucios en estos casos?
La reforma sanitaria, además de inaceptable e ineficaz, acarrea riesgo para la salud pública. De manera directa, para las personas migrantes en situación irregular, pues habrán perdido el acceso a la atención primaria de salud y solo serán atendidas en momentos de emergencia, para luego ser “dadas de alta”, aunque no estén recuperadas. Para quienes sufren enfermedades crónicas, es un golpe muy serio a su bienestar y a su entorno directo, pues el deterioro de su salud acarreará más necesidades de cuidado que muy probablemente serán resueltas finalmente por las mujeres de sus familias, en menoscabo de sus proyectos personales. En el caso de las enfermedades infectocontagiosas, el riesgo es aún más amplio porque se sumaría la expansión de dichas enfermedades a otros sectores de la sociedad. Considerando que la población nativa no necesariamente dispone de las defensas necesarias para sobrellevar determinadas enfermedades –por no haber recibido vacunas o por cuestiones ambientales– el riesgo es muy importante.
Como bien ha transmitido el Gobierno, la reforma sanitaria no es una medida aislada, sino un paquete de ajuste estructural, similar a los que se llevaron a cabo hace dos décadas en varios países de América Latina, la región del mundo más desigual hoy por hoy, más allá de los aparentemente alentadores indicadores macroeconómicos. Dichos ajustes son introducidos de manera sistemática por actores como el FMI en diferentes países del mundo y responden a una ideología capitalista neoliberal que está también en el origen de la denominada crisis económica. Así, la salud, entre otros bienes sociales, se vuelve moneda de cambio y pasa a ser objeto de las “leyes” de la oferta y demanda, de la especulación y de los intereses de las industrias farmacéuticas, compañías de seguros y de las operadoras privadas de salud. Todo un retroceso en materia de solidaridad y derechos humanos.

En este difícil escenario, resulta alentadora la respuesta que se ha estado dando a la reforma sanitaria desde la sociedad civil.

Comunicados, campañas de recolección de firmas para su modificación, denuncias ante instancias nacionales y locales, campañas de objeción de conciencia por las y los profesionales sanitarios, manifestaciones, acampadas, entre otras, son contundentes acciones no violentas, mediante las cuales muchas personas han evidenciado que no están dispuestas a permitir el avance de esta reforma.

Dado que estas iniciativas han tenido un eco limitado en las decisiones del Gobierno, será importante que el conjunto de la sociedad se siga pronunciando y se implique tanto en las acciones de incidencia para cambiar la reforma sanitaria como en las que pretenden responder a las necesidades directas de la población afectada de manera solidaria. Entre las propuestas en marcha, son especialmente alentadoras las que se orientan a aprender a gestionar colectivamente la salud y los servicios sanitarios para responder con justicia y equidad a las necesidades de todas las personas.